En informes anteriores del Observatorio de Libertad Religiosa en América Latina, se pudo observar que, a diferencia de la legitimidad y proporcionalidad de las acciones gubernamentales tomadas en varios países de la región para contener la crisis generada por la pandemia COVID-19, en gobiernos dictatoriales como los de Cuba, Nicaragua y Venezuela, la pandemia fue el pretexto ideal para endurecer las medidas restrictivas en contra de las voces disidentes e intentar someter a los grupos religiosos a la línea política de los distintos regímenes en cada país, intensificando la hostilidad en contra de los que son considerados opositores y recurriendo al abuso del poder concentrado en el gobierno.
Se dieron muestras evidentes de la inspiración comunista de gobiernos autoritarios, además del abandono progresivo de las garantías a los derechos humanos de los ciudadanos.
En el caso específico de Cuba, las más de seis décadas de dictadura comunista y el agravamiento de la situación humanitaria en el país, han motivado continuas protestas sociales (pacíficas) exigiendo un cambio radical en el gobierno y el ejercicio de prácticas democráticas para retomar la apertura al mundo y al mercado que haga posible mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos. Siendo las comunidades religiosas, parte de los grupos sociales que alzan su voz en contra de las injusticias del régimen, sus líderes y congregantes han sido blancos continuos de ataques, en un intento de silenciar cualquier voz disidente, incluso de aquellas motivadas por la doctrina de fe que se profesa.
Cualquier crítico de la “revolución socialista” es considerado enemigo del gobierno y presentado como traidor ante la población, incluidos los líderes religiosos y laicos comprometidos con la denuncia de las violaciones a los derechos humanos y el pedido urgente de mejores prácticas que garanticen el derecho a la libertad religiosa tanto a nivel individual, como colectivo: derecho a manifestar la fe sin miedo a una sanción estatal, derecho a predicar y difundir la doctrina de fe sin el temor a que sea considerada una crítica a los postulados comunistas, derecho a obtener el status legal que le permita operar con regularidad en el país, derecho a construir y renovar los edificios usados para fines de culto, derecho a constituir organizaciones que coadyuven a los objetivos de la comunidad religiosa, derecho a ejercer el liderazgo de una comunidad de fe sin ser blanco de hostilidades, etc.
En Venezuela, aunque en los momentos más críticos de la pandemia COVID-19 en el país, no se dieron signos evidentes de hostilidad hacia los grupos religiosos porque el gobierno intentó darse crédito por las labores humanitarias realizadas por ellos, eso cambió en cuanto empezó la campaña electoral para determinar quiénes serían las autoridades locales y se intentó silenciar a los grupos religiosos cuando denunciaban la falta de transparencia en el proceso, la corrupción de funcionarios y/o cuando exigían la necesidad de frenar el abuso de los derechos humanos para restaurar la vida democrática en el país. En ese sentido, posteriormente a las elecciones de noviembre de 2021, las acciones intimidatorias en contra de los grupos religiosos han continuado, incluso en alianza con los grupos criminales que actúan impunemente en el país, pues los líderes religiosos siguen representando una voz de autoridad en la sociedad que es vista como una actitud desafiante para aquellos que promueven el caos y la desintegración social.
Su labor asistencial, al impedir que los más necesitados dependan totalmente del gobierno, es vista como un elemento que merma la lealtad incondicional de los ciudadanos al régimen. A pesar de ello, también se puede notar que algunos grupos religiosos – con poca representatividad social – buscan alianzas con el gobierno a cambio de favores económicos o administrativos.
En Nicaragua, se ha tornado mucho más preocupante, particularmente en la segunda mitad del año 2022, al punto que tantas organizaciones independientes de la sociedad civil a nivel nacional, como organismos internacionales de defensa de derechos humanos se han pronunciado enfáticamente a favor de las víctimas de la opresión del régimen orteguista, incluyendo a los grupos religiosos (especialmente, a la Iglesia Católica y algunas denominaciones evangélicas) como un sector en riesgo constante, exigiendo un cambio positivo desde el ámbito gubernamental e imponiendo sanciones como vía para impulsarlo.
En Honduras y El Salvador como escenarios de monitoreo constante en la región, ante la posibilidad de peligro para el desarrollo y continuidad de las actividades religiosas cuando se percibe hostilidad por parte del gobierno mismo o como resultado de alianzas ilegales entre ciertos niveles de la estructura estatal con grupos criminales.
En el caso de Honduras, la experiencia reciente en el país respecto a la intolerancia hacia los líderes religiosos que no coinciden con la visión política de la administración en turno aún no se ha erradicado del todo pese al cambio de gobierno; de tal forma que, se han observado signos de rechazo a la defensa pública de la doctrina de fe en relación con temas como el matrimonio y la familia, cuando contradicen las políticas públicas impulsadas desde el gobierno.
Por otro lado, en El Salvador, aunque el Presidente continúa usando referencias religiosas en sus discursos políticos, se mantiene la actitud de hostilidad hacia aquellos líderes religiosos que critican las violaciones de derechos humanos cometidas durante el Estado de Excepción que se ha vivido en el país en gran parte del año 2022 y los abusos cometidos específicamente contra el sector religioso que ha desarrollado proyectos de resocialización e integración con ex pandilleros, especialmente por la estigmatización desde el gobierno que se ha promovido en contra de este tipo de labor pastoral.
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