Bajo una errada interpretación del principio de separación Iglesia-Estado, la defensa de las expresiones de fe en el ámbito público es criticada y pretende ser censurada; sobre todo, cuando se trata de defender la doctrina religiosa respecto a la defensa de la vida, la familia y el matrimonio y dicha defensa contradice sustancialmente los postulados promovidos por algunos grupos considerados como minorías o sectores vulnerables. En este tipo de situaciones, la defensa pública de las posturas basadas en la fe es calificada como intolerante, anti-derechos, retrógrada, arcaica, misógina, discriminatoria, entre otros calificativos, por no coincidir con la línea de pensamiento adoptada por ciertos grupos sociales.
Bajo el enfoque multidimensional de los derechos humanos, es importante resaltar que en estas situaciones no sólo se afecta el derecho a la libertad religiosa, sino también el derecho a la libertad de expresión. Especialmente, si se considera que cada vez hay mayores y más claros intentos por silenciar las muestras de fe (en forma de expresiones o símbolos religiosos) en la esfera pública, bajo la consideración política o gubernamental de que ciertas doctrinas de fe (total o parcialmente) no deben tener un espacio en la vida social.
La identificación de una marcada tendencia de intentos de censura de puntos de vista de actores confesionales y la aprobación de normas que aparentemente promueven la antidiscriminación y que, en la práctica, no solo fomentan una visión de mayor intolerancia hacia la religión, sino que impiden el pleno disfrute de la libertad religiosa, al limitar la expresión y defensa de las convicciones basadas en postulados religiosos.
En estos escenarios, se denota una mayor vulnerabilidad en las comunidades religiosas y sus miembros cuando la expresión o practica de su doctrina religiosa es contraria o crítica a temas como: el aborto, la diversidad sexual, la identidad de género, el matrimonio entre personas del mismo sexo, la adopción homoparental, las terapias a personas con disforia de género, entre otros.
Un efecto notorio de este tipo de intolerancia social hacia las expresiones públicas de fe que pretende reducir las manifestaciones religiosas únicamente a la esfera más privada e íntima es la autocensura entre los miembros de distintas comunidades de fe.
Los fenómenos del chilling-effect y la autocensura son especialmente identificables en las redes sociales, pues se han convertido en un espacio donde frecuentemente no sólo se critican -como es muy propio de las sociedades libres- ciertos postulados religiosos o expresiones de fe, sino que esas mismas pasan a ser un blanco de ataque continuo que sirve para convertir en víctima a quien expresa una opinión de fe, ya sea por el nivel de violencia verbal que se alcanza o por las consecuencias laborales y/o legales, que puedan generarse.
Sin embargo, estas acciones de presión no son las únicas manifestaciones de hostilidad hacia las expresiones religiosas, pues existe una tendencia preocupante respecto a los actos de violencia como efecto de dicha intolerancia religiosa. Por ejemplo, tal como se señaló en el informe anterior, continúa la dinámica de ataque a los lugares de culto por parte de algunos grupos feministas radicales en el marco de sus celebraciones y/o protestas, tal como sucedió recientemente en México y Colombia como parte de las actividades de celebración por el “Día de la Acción Global por un aborto legal y seguro”. En este escenario, el daño hacia los edificios religiosos se encuentra aparentemente justificado en la consideración de que la religión -especialmente, la Iglesia Católica-, es una “enemiga natural” de los derechos de la mujer y, por tanto, es parte de aquello que debe abolirse o erradicarse con el objetivo de reivindicar y promover la igualdad y no discriminación hacia las mujeres.
Es relevante también mencionar que, aunque recientemente esta dinámica se observó en Brasil, otra constante en el marco de hostilidad hacia las expresiones o símbolos públicos de fe, es el ataque a los lugares de culto, como forma de protesta social y política. En el reporte pasado, también se materializaron acciones de vandalismo y daños más severos contra los edificios religiosos en países como Colombia, México y Perú.
Cabe decir que, en ambos casos, el alcance de estos ataques no se limita a los daños materiales causados, sino que, en ocasiones, también impide la continuidad o desarrollo regular de actividades religiosas y genera un sentimiento de inseguridad y riesgo de permanecer en un lugar de culto cuando se realiza algún tipo de protesta o manifestación social.
Puede acceder al material completo en: file:///C:/Users/rcc/Downloads/REPORTE-BIANUAL-JULIO-DICIEMBRE-2022_230308_074134.pdf